Ante los reclamos que hacen los docentes de la Escuela Normal Superior Cristo Rey y José Antonio Galán por el supuesto incumplimiento en el pago del reconocimiento económico a que se hicieron acreedores en el marco del Programa de Incentivos a la Calidad, el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, se permite aclarar que los recursos transferidos por el Ministerio de Educación al municipio, el 27 por junio del año en curso, fueron incorporados al presupuesto y una vez el Concejo Municipal apruebe mediante acuerdo la adición al presupuesto se podrá desembolsar lo correspondiente a las instituciones educativas beneficiadas.

El mandatario local explicó que una vez la Corporación Edilicia de vía libre a la adición presupuestal, la suma de $337.940.332, en un plazo de diez (10) días, como lo determina la ley, se trasladará proporcionalmente a cada uno de los educadores, funcionarios administrativos y docentes tutores del programa Todos a Aprender de las instituciones educativas beneficiadas por el Ministerio de Educación Nacional.

“Tal vez para los docentes ha sido demorada la entrega del reconocimiento pero para el municipio es posible una vez se cumplen los pasos desde el momento en que la Secretaria reúne los requisitos exigidos por el Ministerio para proceder a la entrega de los recursos y destina una unidad presupuestal y contable independiente, a fin asegurar un adecuado control sobre su utilización, hasta la adopción del nuevo plan de desarrollo municipal, Barrancabermeja incluyente, humana y productiva 2016 – 2019, su armonización y la aprobación del Concejo Municipal del acuerdo de adición al presupuesto Municipal. Solo así se podrá hacer uso de los recursos asignados y realizar el desembolso del incentivo reconocido a las instituciones educativas beneficiadas”, enfatizó Echeverri Serrrano.

Para el Alcalde si es posible propiciar el bienestar social y el desarrollo económico a partir de una educación equitativa y reconociendo el esfuerzo y el compromiso conjunto de maestros, rectores y personal administrativo de los colegios que demuestren un mejoramiento continuo de la calidad educativa, pero ajustados a la normatividad para evitar inconsistencias que luego afecten y se conviertan en acciones que desmotiven y pongan en juego la credibilidad de los gobiernos.